Representantes de una treintena de países han aprobado una nueva declaración para avanzar en la protección de los ecosistemas antárticos, con especial atención en la designación de nuevas áreas marinas protegidas en el océano austral. Tras treinta años de la firma del Protocolo de Madrid (1991), clave en el marco jurídico de aplicación del Tratado Antártico, la aprobación de la Declaración de Madrid ha tenido lugar durante el transcurso de una sesión de alto nivel organizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Durante su intervención, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera ha recordado que “solo el 5 % del océano que rodea la Antártida está protegido”. Una cifra que sería insuficiente para cumplir los nuevos objetivos en materia de conservación de la biodiversidad que la comunidad internacional negocia en el marco de la Convención de Diversidad Biológica (CBD) y que se someterán a votación en 2022 en China. Además, ha subrayado que “las áreas marinas protegidas contribuyen de manera decisiva a mantener los ecosistemas y aumentar su resiliencia frente a los impactos del cambio climático”.

En esta línea, con el fin de una gestión responsable de la Antártida, el documento pide a la comunidad internacional cooperación a todos los niveles y una toma de decisiones que tenga en cuenta el conocimiento científico, ya que esta actividad compartida ha permitido conocer mejor las necesidades de protección medioambiental.

Además, demanda nuevos pasos a tener en cuenta para la conservación de la biodiversidad en este entorno especialmente vulnerable a la presión de la actividad humana y al impacto del cambio climático y subraya la importancia de encaminar los esfuerzos futuros de cara a las siguientes líneas; un uso pacífico de la Antártida ya que como reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia, están prohibidas las medidas de carácter militar y solo podrían utilizarse con fines pacíficos; la importancia de la investigación científica inter y multidisciplinar, del seguimiento de los ecosistemas y del intercambio de información científica que genere mayor conocimiento con el fin de anticipar y prevenir los daños ambientales antes de que se produzcan; la urgencia de la lucha contra el cambio climático, ya que debido a que suponen impactos profundos y a menudo irreversibles es necesario trabajar de forma activa y coordinada para emprender iniciativas destinadas a mitigación y adaptación para disminuir los efectos y el impacto de la actividad humana; garantizar que la planificación y realización de todas las actividades en la Antártida tengan en cuenta la protección del medio ambiente antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados; y la importancia de realizar evaluaciones de impacto ambiental para limitar los impactos adversos sobre los ecosistemas antárticos.

También la Declaración remarca la necesidad de “prestar especial atención a la conservación de la vida salvaje, de la diversidad biológica marina, el buen funcionamiento de los ecosistemas antárticos y la futura elaboración del Sistema de Áreas Antárticas Protegidas”. De la misma forma, el texto anima a las naciones integrantes del sistema del Tratado Antártico a asumir el mandato de su Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR) y designar nuevas áreas marinas protegidas (MPAs).

En la actualidad existen tres propuestas de nuevas MPA: Antártida Oriental y Mar de Weddell, en estado de desarrollo, y Península Antártica que se encuentra en fase de elaboración. Todas ellas se someterán a debate a lo largo del mes de octubre en la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos.

De esta forma, estos compromisos refuerzan la cooperación internacional con el fin de superar los retos medioambientales a los que se enfrenta la Antártida, y potenciar su valor como reserva natural para las generaciones futuras.