España se acerca ya al 13% de sus aguas marinas protegidas, por encima de la meta del 10% fijada por la Convención de Biodiversidad de la ONU para 2020, un objetivo que nos marcamos en el proyecto LIFE IP INTEMARES, que coordina la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.

Hemos conseguido este hito gracias a la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto por el que se declara el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo como Área Marina Protegida y se propone su inclusión en la Lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), en el marco del Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación, conocido como Convenio de Barcelona.

El área que queda protegida es una franja de 46.385 km2 de superficie y unos 85 km de anchura media, que discurre entre la costa catalana y valenciana, y el archipiélago balear. Estas aguas presentan un gran valor ecológico y constituyen un corredor de migración de cetáceos fundamental para la supervivencia de diversas especies en el Mediterráneo occidental, entre las que se encuentran el rorcual común; el cachalote; el delfín mular, listado y común; así como buceadores de gran profundidad como el zifio de Cuvier y el calderón gris y común.

La declaración implica la toma de medidas preventivas para que la protección sea efectiva como un plan para reducir el ruido marino o la prohibición de nuevas prospecciones de hidrocarburos.

Estas medidas se mantendrán hasta la aprobación del correspondiente plan de gestión, cuya elaboración está prevista en el marco del proyecto LIFE IP INTEMARES en un plazo máximo de tres años desde el momento en que este espacio marino sea incluido en la Lista ZEPIM del Convenio de Barcelona. Para ello, se pondrán en marcha procesos participativos que contarán con la implicación de gestores, agentes y usuarios del mar.

Gestión eficaz de los espacios protegidos

LIFE IP INTEMARES, el mayor proyecto de conservación del medio marino en Europa, tiene como objetivo principal conseguir una red de espacios de la Red Natura 2000, gestionada de manera eficaz, con la participación activa de los sectores implicados y con la investigación como herramientas básicas para la toma de decisiones.

El Ministerio para la Transición Ecológica coordina el proyecto, a través de la Fundación Biodiversidad, y actúa como socio mediante la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Participan como socios el Instituto Español de Oceanografía, la Confederación Española de Pesca, SEO/BirdLife y WWF-España. El proyecto cuenta con la contribución financiera del programa LIFE de la Unión Europea, así como otras fuentes de financiación.